Hablemos del Convenio económico, pero hablemos con claridad. El Convenio Económico con el Estado es un instrumento que todas las fuerzas políticas en Navarra defendemos, incluso en muchas ocasiones se ha planteado como un auténtico tótem -entendido éste como símbolo icónico de nuestra comunidad- siendo su auténtico emblema protector. Sin embargo, para gran parte de la ciudadanía constituye un auténtico arcano, algo desconocido, solo apto para entendidos y en los que se contiene una prolija relación de fórmulas matemáticas que solo las entienden personas expertas.

Por eso, creemos que ha llegado la hora de la transparencia, de hacer comprender un texto legal que, como tantos, solo expresa una determinada posición política en temas tan importantes como la armonización tributaria entre Navarra y el Estado, así como la aportación económica de aquélla a éste. La actualidad está en la aportación económica y será sobre la cual voy a tratar de expresar algunas consideraciones políticas desde la posición de EH Bildu.

El Gobierno de Navarra hace unos meses, en el Departamento de Hacienda, elaboró un informe técnico en el que se analizaba esa aportación económica, concluyéndose que se habría estado satisfaciendo un sobrepago de entre 90 y 250 millones de euros anuales, según distintos escenarios, indicándose que en el nuevo año base del quinquenio la aportación líquida sería de 341 millones de euros frente a los 485 millones que fue la establecida para el año base en 2010.

Todo esto debe conocerse por la sociedad navarra, hay que hacer partícipe a los navarros y las navarras de las conclusiones de ese estudio para que el Convenio deje de ser algo más que un tótem, algo más que el socorrido instrumento de autogobierno. El Gobierno de Navarra tiene la obligación política de compartir con los ayuntamientos, con la sociedad civil su posición ante esta nueva negociación con el Estado en torno al Convenio Económico. Tiene esta obligación porque del futuro de esa negociación dependerá que la capacidad de Navarra para hacer frente a sus necesidades sociales, sanitarias, educativas o de inversión sea mayor o menor, en definitiva que la sociedad navarra pueda vivir mejor o no.

Esa capacidad para socializar su posición negociadora y la defensa de los intereses económicos de Navarra y su ciudadanía también tiene que ser un reto para el “gobierno del cambio”. Frente al oscurantismo, la sumisión al Estado y la política de los acuerdos entre bambalinas, hay que hacer partícipe a Navarra de qué se va a defender y por qué, de cuáles puedan ser los problemas en los que se enquiste la negociación, de por qué se defiende que estamos pagando de más, cuando seguimos con la herencia de un presupuesto con importantes losas e hipotecas.

Hay que decir sin tapujos que estamos pagando -porque así lo dice el Convenio- el 1,6% de la deuda pública del Estado, la cual se ha duplicado en el último quinquenio, pasando de 58.608 millones de euros en 2010 a 127.488 en el año 2015. Esto significa que la deuda cada vez pesa más en los presupuestos del Estado, ahora en torno al 45% de los gastos totales. ¿En qué afecta esto a la aportación económica? A más pago de intereses y amortizaciones por el Estado, mayor pago de aportación de Navarra. Así de simple, pero así de trágico en términos económicos. En definitiva, que Navarra ve aumentar su aportación por una deuda pública desbocada, sobre la que no tiene ningún control político ni responsabilidad. La consecuencia es que la aportación per cápita de Navarra al Estado ha pasado de 795,92 euros en 2008 a 928,38 en 2015, representando ya un 3,2% del PIB foral. Son cifras más que elocuentes.

Conclusión: en Navarra estamos pagando una doble deuda: la heredada de UPN y la generada en el Estado por las políticas del PP (rescate bancario, rescate de autopistas…).

No podemos olvidarnos tampoco, y hay que decirlo claramente, que desde 1990 el índice de imputación que se emplea para el cálculo de la aportación íntegra y otras compensaciones está vinculado a la renta relativa que Navarra representa en el conjunto del Estado, el famoso 1,6%. No se empleó el tanto por ciento de población, que entonces representaba un 1,34%, ni un sistema que combinara ambos índices. Creemos que hay que volver a negociar sobre esta cuestión porque fijar un índice u otro tiene importantes repercusiones a la hora del cálculo de la aportación o de las compensaciones que tiene que hacer el Estado a Navarra.

No hablamos de bagatelas. Las diferencias por los ajustes, por ejemplo, sobre los impuestos especiales, que supondrían de aceptarse los índices que defiende el informe del Departamento de Hacienda, implicarían un ingreso para Navarra de unos 149 millones de euros. Sin embargo, la aplicación de los índices prorrogados implicaría 34 millones en negativo. Todo ello en el ejercicio de 2016. Esto también hay que socializarlo.

La sociedad navarra tendría que preguntarse por qué gobiernos anteriores no hicieron el ejercicio que sí ha hecho éste de revisar qué cargas o competencias no están realmente asumidas o por qué no se ha mantenido una posición firme en defensa de los intereses de nuestra comunidad. Si Navarra ha pagado de más alguien tendría que explicar por qué.

La decisión de no pagar esos 93 millones que el Estado reclama según sus cálculos de prórroga nos ha parecido una decisión justa y acertada, y por eso la hemos apoyado. No se ha tratado de una cuestión de fuero, sino también de huevo. En este sentido, podemos empezar a preguntarnos qué recortes en los servicios públicos realizados por los gobiernos de UPN y apoyados por el PSN se podrían haber revertido con ese mayor sobrepago en la aportación económica al Estado durante los años 2015 y 2016, por no irnos más lejos, o qué políticas de inversión en educación, sanidad o infraestructuras locales se podrían haber desarrollado con esos cientos de millones que salieron de las arcas de Navarra y hoy están en manos del gobierno de Madrid.

Muchas han sido las cifras expuestas en este artículo, pero más allá de las mismas se encuentra la capacidad de Navarra para defender sus intereses, que no son otros que el de las personas que vivimos en este territorio. En definitiva, defendamos esos intereses porque de ello dependerán nuestras posibilidades para mejorar las condiciones de vida de esas personas.

Por eso, ni un euro de más, que bastantes pagamos ya por cargas generales tales como la Casa Real, el Ejército, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la deuda pública, las relaciones exteriores…

Adolfo Araiz / Parlamentario de EH Bildu en Navarra