Esta semana pasada hemos conocido que el Tribunal Supremo ha fallado las primeras sentencias contra la reforma eléctrica del PP y, como cabía esperar, han saltado chispas.

Los Gobiernos hacen y deshacen a su antojo, sin medir el daño que pueden producir a la ciudadanía en muchos casos, entre ellos el de los pequeños productores fotovoltaicos. Se nos propuso por parte de los Gobiernos y entidades financieras realizar inversiones en nuestro país con unas condiciones publicadas en el BOE con la firma de su majestad el Rey, avalado por el Estado como así se decía en su día, y en base a esto cada uno hace su valoración y toma la decisión.

Si los magistrados avalan que una vez realizada la inversión en base a la Ley, después te la cambian, y no te dan ningún tipo de compensación por este despropósito del Gobierno, ¿creen de verdad los magistrados que se garantiza a la ciudadanía que se respeta la Ley, por la que tomaron la decisión de invertir; que es de Justicia que no se compense por el daño y perjuicio que le supone el cambio legislativo de los Gobiernos; que es de justicia dejar en esta situación a 62.000 familias en nuestro país, que confiaron en el BOE y la justicia, saben los magistrados que esto no pasa en ningún país de la Unión Europea? ¿Creen los magistrados que dictando este tipo de sentencias, en España va invertir alguien?.

Desde mi punto de vista NO, y con resoluciones como la presente están perjudicando gravemente a nuestro país, cosa que no es de extrañar, después de leer el último informe sobre indicadores de la justicia en la UE, publicado este mes de abril por la Comisión Europea. Los españoles tienen una opinión “muy mala” o “mala” del sistema judicial español, una dato que sitúa al Estado español en los últimos lugares de confianza en la justicia de Europa, puesto 23 de 28, (principalmente, debido a la aspersión de los gobiernos o políticos).

Razón y justicia, desgraciadamente, no siempre van de la mano. Por fortuna, la primera es capaz de sobrevivir a la segunda, mientras que por mucho que se repita una injusticia, nunca acaba por superar a la razón. Confiamos en que TJUE den la seguridad jurídica, la confianza y la luz, al oscuro territorio eléctrico, para que aquellos términos puedan volver a aparecer en una misma frase sin que a nadie le cause sonrojo.

De un total de siete magistrados que tenían que enjuiciar la más delirante novela negra que a un gobierno se le haya ocurrido escribir sobre el tema eléctrico, cuatro decidieron ponerse de perfil con argumentos que oscilaban alrededor del interés general que se supone defendían los representantes del Gobierno, y otros tres decidieron, valientemente, afirmar que había sido de tal magnitud, que hacía saltar por los aires el significado del derecho, de la seguridad jurídica y de la confianza de los ciudadanos en el Estado.

En mi opinión, se trata de una decisión muy desafortunada. Primero, porque el Tribunal Supremo no es quién para interpretar una Directiva y crear ex novo justificaciones a restricciones de derechos garantizados por el Derecho Europeo, como es la prioridad de despacho. Y segundo, porque no le corresponde al Supremo entrar en consideraciones de política energética y otro tipo de valoraciones políticas sobre lo acertado o no de la Directiva.

Por todo ello, es necesario restablecer la seguridad jurídica, para que nuestro país recupere la confianza necesaria. Nosotros tenemos la esperanza en el tribunal de justicia de la unión europea, el TJUE es el garante de la interpretación uniforme del Derecho Europeo.

Juan Antonio Cabrero
Delegado de Anpier