De nacimiento tafallés, navarro y por tanto vasco, de oficio fui maestro, de vocación y dedicación irakasle en euskera y también profe de castellano a población inmigrante y hoy día de situación persona jubilada.
En mi trayectoria profesional, fundamentalmente en la enseñanza pública directa, me ha tocado sufrir, sí sufrir, diversos gobiernos de la derecha española y navarra, desde UCD  al PP actual y su socio UPN, sin apenas política lingüística en su estrategia política para Navarra, salvo la de fomentar la enseñanza totalmente en castellano, poquísimo fomento de otras lenguas comunitarias, olvido del cercano francés y últimamente sí fomento ciego de la lengua del imperio, el inglés.
Con respecto al euskera, perdón al vascuence, tan sólo tímidos apoyos a las iniciativas personales y particulares de los distintos centros educativos, públicos y concertados, como son las grandes ikastolas de Pamplona y comarca y las de las cabeceras de merindad.
De desarrollo de la Ley del Vascuence de 1986 poquito. Antes de las transferencias educativas en 1990 una oferta de reciclaje en euskera para profesorado que personalmente nos implicamos en el desarrollo del mismo en nuestros centros de la zona vascófona y mixta, siempre dependiendo del gobierno estatal de cada momento. Fue en la época de gobierno socialista y el tripartito, fundamentalmente.
En el ámbito foral y bajo gobierno socialista, se dio una tímida estructuración de dos servicios implicados en la normalización del euskera: la Dirección General de Política Lingüística y el Servicio de Euskera (vascuence) en el Departamento de Educación.
El segundo se ha dedicado fundamentalmente a funciones de inspección, supervisión y formación docente. El primero se limitó a crear una estructura de personal técnico de euskera a nivel municipal, un centro de formación en euskera para el funcionariado foral y local y una unidad centrada en estudios sociolingüísticos; y al desarrollo de programas de fomento del uso del euskera en el ámbito cultural y medios de comunicación, fundamentalmente, con unos presupuestos muy restringidos y año tras año menguantes.
Me tocó participar en la Dirección General de Política Lingüística entre 1996 y mediados del 2000, bajo gobierno de UPN, Miguel Sanz presidente, en un grupo de personas que nos creímos que se podría trabajar allí en pro de la normalización lingüística (así se llamaba el servicio en el que trabajé), intentando desarrollar los aspectos y resquicios que nos permitía la Ley del Vascuence del 1986, con diversos artículos y objetivos con muy poco desarrollo o implementación hasta aquel momento.
Intentamos desarrollar algunos planes de gobierno que parecían aparcados, como el estudio e implantación de circuitos administrativos bilingües en los servicios centrales de la administración foral. Se realizaron propuestas para todos los departamentos con un total de unas 120 propuestas de puestos de trabajo con requisito de euskera para atender fundamentalmente a la ciudadanía que demandara atención en euskera en su primer contacto con la administración foral, sobre un montante de más de 15.000 puestos de funcionariado en todos los departamentos, excluyendo el Departamento de Educación.
No conseguimos que se aprobara ni un solo puesto de trabajo con requisito de euskera.
Los presupuestos asignados a esta Dirección fueron menguando año tras año, sin parar.
La radio Euskalerria Irratia seguía castigada, sin conseguir la licencia de emisión que en justa medida merecía. Se hicieron multitud de manifestaciones ciudadanas que reflejaban en la calle el clamor por una promoción, fomento y trato igualitario al euskera que la administración foral negaba siempre. Con respeto sería, pero reflejando el dicho “no hay mejor desprecio que no hacer aprecio”.
La situación de nulo respeto hacia las personas vascoparlantes, cuyo número iba aumentando sin parar, a pesar de la indiferencia o falta de apoyo (¿respeto?) desde los Gobiernos forales y desde el grupo parlamentario de UPN, gracias al esfuerzo personal de tantas y tantas personas navarras de todas las zonas, se hizo insoportable para el equipo que trabajábamos en la Dirección de Política Lingüística.
Toda la comunidad lingüística vascoparlante y euskaltzale, euskaldun@s de nacimiento y nuev@s euskaldun@s sufríamos el castigo del olvido y penalización política  y social por intentar dignificar la situación minorizada a la que la Comunidad castellanoparlante imperante (bajo la tutela de la derecha navarra, con la complicidad de los dirigentes del PSN y de algunos sindicatos de funcionariado).
En junio del año 2000 presentamos la dimisión irrevocable el director general, los dos directores de servicio y el jefe de la sección de normalización lingüística.
Aún conservo entre mis papeles la tira de Oroz en un periódico local con un Miguel Sanz tirando al aire las dimisiones con una sonrisa de oreja a oreja. Eso era respeto.
Todas las iniciativas sociales, políticas, sindicales, cuidadanas,… (en defensa de una de las lenguas más antiguas de Europa en pro de políticas lingüísticas positivas en la Navarra origen y depositaria de ese tesoro, y que se ha constituido en la única comunidad política del mundo que actúa en contra de una  de sus lenguas propias) presentadas en ámbitos e instituciones internacionales, aceptadas y respondidas favorablemente por éstas, han sido desoídas por los sucesivos gobiernos de UPN.
Mientras tanto la comunidad vascoparlante navarra ha ido creciendo, siempre gracias a los esfuerzos de la ciudadanía de toda Navarra. Y siempre con una reivindicación generalmente apoyada por mayoría por bandera: el reconocimiento del derecho de tod@s l@s navarr@s a conocer, estudiar y utilizar nuestra lengua primitiva, el euskera, sin limitaciones de una zonificación lingüística obsoleta y por supuesto sin ninguna imposición a ninguna persona que no quiera hacerlo. Eso sí es respeto.
Y así hasta la llegada de esta legislatura en la que una mayoría diversa, integradora de las diferencias y no impositiva, intenta desarrollar un proyecto de gobierno con políticas sociales y lingüísticas respetuosas con toda la población navarra, pero en pro del desarrollo del derecho que nos asiste a tod@s l@s navarr@s a vivir en euskera, sin ningún tipo de discriminación de la población castellanoparlante, pero tampoco de la vascoparlante.
El actual Gobierno de Navarra, el cuatripartito, al fin está intentando dar pasos firmes pero respetuosos hacia la normalización lingüística que merecemos, con respeto, pero tampoco priorizando para nada el conocimiento del euskera en el acceso a la administración, sino exigiéndolo solamente en los puestos necesarios para poder responder adecuadamente, en los servicios fundamentales, a la ciudadanía en la lengua que ésta decida. La Administración está al servicio de la ciudadanía y no se puede aceptar que se plantee como un derecho el acceso a los distintos puestos que han de garantizar los servicios y los derechos ciudadanos.
Si una parte de la ciudadanía, con el apoyo de los partidos de la oposición, no está de acuerdo con estas políticas de normalización lingüísticas que se manifiesten, pero que no intenten engañarnos. Lo hacen en contra del desarrollo y promoción del euskera y por mantener su situación de supremacía lingüística. Con respeto.

Manolo Urroz, maestro jubilado y euskaldun